18 ago 2015
Díaz Tezanos con una muestra de la tarjeta indentificativa, junto a Maria Luis Real, durante la rueda de prensa. Foto: Ignacio Romero
La nueva normativa, que entra en vigor mañana, reduce el requisito de empadronamiento a 90 días, garantiza el acceso a la sanidad pública antes de que se dicte resolución, y prevé la concesión de una tarjeta sanitaria con validez de dos años en la comunidad autónoma
Santander 17.08.2015
La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, y la consejera de Sanidad, María Luisa Real, han presentado hoy en rueda de prensa la nueva normativa, que publica hoy en BOC y entra en vigor mañana, por la que "ninguna persona residente en Cantabria quedará fuera del sistema público de protección sanitaria".
Una norma que hace "realidad legal" un compromiso que Díaz Tezanos y Real adquirieron hace menos de un mes con la Plataforma de lucha contra la exclusión sanitaria, la Coordinadora del ONGs y Amnistía internacional.
A partir de ahora, las personas a las que se les retiró la tarjeta sanitaria con la entrada en vigor del RD 16/2012, que en Cantabria fueron unas 5.000, volverán a tener una tarjeta con validez en la comunidad autónoma por un periodo de dos años y similar a la del resto de usuarios del sistema nacional de salud.
Díaz Tezanos ha precisado que, aunque en su mayor parte afectó a inmigrantes en situación administrativa irregular, también había españoles que habían perdido su derecho al aseguramiento por ser parados sin prestación o por haber permanecido más de 3 meses en el extranjero. "Se dio un gravísimo paso atrás en la protección social y la salud pública de España", ha asegurado la vicepresidenta.
"Los socialistas desde que llegamos al Gobierno de Cantabria hemos estado trabajando para que se reestableciera cuanto antes el acceso pleno a la asistencia sanitaria como derecho constitucional de ciudadanía y en igualdad de condiciones para todos", ha declarado la vicepresidenta, quien ha precisado que desde que se comprometió con los colectivos a recuperar este derecho se ha estado garantizando la atención sanitaria en las mismas condiciones que al resto de usuarios del sistema nacional de salud.
Además, Díaz Tezanos ha asegurado que esta normativa es una "medida paliativa que pretende solucionar temporalmente el problema creado por el Partido Popular" y ha incidido en que el Gobierno de Cantabria "sigue defendiendo la urgente recuperación de la cobertura pública y universal del derecho a la atención sanitaria y la protección a la salud".
La vicepresidenta ha recordado que la consejera de Sanidad reclamó la derogación del RD de 2012 en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado el pasado mes de junio, y ha anunciado que desde el Gobierno de España, en caso de que el Partido Socialista gane las elecciones del próximo mes de diciembre, se impulsará una reforma de la Constitución Española para que el derecho a la asistencia sanitaria y la protección de la salud sea considerado derecho fundamental.
"Una reforma que consideramos imprescindible y justa, que blindará el derecho a la salud porque queremos que el derecho a la asistencia sanitaria y la protección de la salud se convierta en un derecho fundamental que forme parte del capítulo de derechos fundamentales que tenemos todos los españoles", ha afirmado.
Díaz Tezanos ha asegurado que el Gobierno de Cantabria actual "dice, hace, promete y cumple, y sobre todo, prioriza aquellas medidas que redundan en el bienestar de los ciudadanos, mejoran su calidad de vida y permiten la recuperación de derechos básicos y elementos claves del estado de bienestar como es la sanidad pública y de calidad que, además, ha sido atacada en los últimos años por el Partido Popular".
Diferencias notables entre la regulación del anterior Gobierno y el actual
La vicepresidenta ha explicado que entre la regulación que desarrolló el anterior Ejecutivo regional en 2013 para "suavizar el decreto de Rajoy" y la norma que se publica hoy "hay diferencias notables". "No son diferencias mínimas ni de matiz en absoluto son diferencias que ponen de manifiesto la concepción tan distinta que tenemos de la sanidad el actual Gobierno y el Partido Popular".
Según ha precisado, el decreto del Partido Popular regulaba un programa de beneficencia y la actual orden regula un derecho subjetivo de los afectados. "Nosotros creemos en los derechos de las personas y no en la caridad y sobre esta base está redactada la orden que hoy se publica".
Además se pasa de un requisito de empadronamiento de 183 días a 90 días, que es el límite mínimo obligado porque por debajo de ese plazo a un extranjero se considera turista, y en cuanto al procedimiento solo se requiere el certificado de empadronamiento frente al anterior que era "largo y engorroso".
Con la nueva norma, la persona tiene acceso a la asistencia sanitaria antes de dictarse resolución y recibirán una tarjeta identificativa, valida por dos años en el ámbito de la comunidad autónoma y semejante a la que se suministra al resto de usuarios del sistema nacional de salud.
Defensa de la universalización de la sanidad
Díaz Tezanos ha hecho una defensa férrea de la universalización de la sanidad y ha asegurado que es una "seña de identidad de los gobiernos socialistas". Así ha recordado que la ley general de la Sanidad de 1986 consagró la vocación de universalidad de la sanidad pública, que luego fue desarrollada por la ley de 2011.
"Entendemos la universalidad como el derecho a la asistencia sanitaria pública en condiciones de igualdad por parte de todos los ciudadanos con independencia de donde se viva, de la situación laboral, social o económica de cada persona", ha asegurado.
Bajo esta premisa, Díaz Tezanos ha destacado que el Gobierno de Cantabria adopta esta medida para organizar "un sistema alternativo de atención sanitaria para los excluidos por la normativa de 2012", pero mantiene la defensa de la derogación de esa normativa.
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